El proyecto PROVYP persigue la mejora en el asesoramiento y la orientación profesional a jóvenesde 18 a 34 años en riesgo de exclusión social. Ocho países europeos, entre los que se encuentra España, apuestan por esta estrategia para contribuir a la disminución de la tasa de desempleo juvenil. La iniciativa comprende desde investigaciones sobre la empleabilidad de la juventud en situación de vulnerabilidad hasta propuestas de programas de formación para el colectivo.
Cómo hacer frente a las altas tasas de desempleo juvenil es uno de los retos más profundos que atraviesan los estados europeos, mucho más profundo aún si se trata de integrar en el mercado de trabajo a la juventud cercana a la etapa adulta que se encuentra en situaciones de riesgo de exclusión social. El proyecto PROVYP (Orientación Profesional para jóvenes vulnerables) tiene como objetivo principal el enfrentamiento de este reto, en línea con la Estrategia Europea 2020 y la Agenda Europea.
Los ocho países europeos que lo han puesto en marcha (Bulgaria, Chipre, Alemania, Italia, Lituania, Portugal, Reino Unido y España) consideran que las acciones de asesoramiento y orientación son una herramienta clave para poder aprovechar posteriormente la formación profesional que se ofrece a los y las jóvenes con menor proyección laboral. La adquisición de competencias, conocimientos y habilidades que requiere el mercado laboral actual, es decir, la actualización y reciclaje constantes de las capacidades, se plantean como ejes de este servicio de referencia para jóvenes y jóvenes-adultos.
Sobre la base de lo desarrollado en el marco del proyecto, se ha elaborado un informe comparativo sobre las políticas de educación y formación en los ocho países europeos que lo han implementado a partir de la revisión de las políticas públicas desarrolladas en cada uno de los estados. El informe, que contiene resultados correspondientes a casi una tercera parte de los países de la Unión Europea, podría llegar a repercutiren 48 millones de adultos/as jóvenes (con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años).
Atendiendo a las diferentes investigaciones realizadas por las personas expertas que participan en el proyecto, el informe comprende una serie de recomendaciones sobre políticas públicas en el ámbito de la educación, la formación y el empleo, con las que se pretende mejorar la regulación de la orientación profesional en la formación de este colectivo. Las recomendaciones elaboradas giran en torno a la garantía de acceso a una orientación profesional coherente con las necesidades actuales de las sociedades y de las propias necesidades de los jóvenes, al fomento de la proactividad de los empleadores/as y al desarrollo de una política efectiva de formación.